Acceso a la justicia: asistencia para indigentes
En muchas partes del mundo la mayoría de las personas acusadas de delitos no puede costearse un abogado privado. Los programas gubernamentales, ineficientes y carentes de los fondos necesarios, tornan vanas las promesas de ofrecer asistencia jurídica eficaz a los acusados indigentes, lo cual es un derecho básico propuesto por las leyes internacionales y por numerosas constituciones. En algunas jurisdicciones se proporciona asistencia jurídica en forma obligatoria únicamente en los casos en que se cometieron delitos graves, pero es común que muchos acusados no reciban asistencia ninguna. Incluso cuando se brinda esa asistencia, muchos estados operan un sistema ex officio mediante el cual asignan un abogado particular a costas del estado, lo cual suele traducirse en abogados mal pagados, representación deficiente y justicia de segunda categoría. Muy a menudo el resultado de los procedimientos penales (culpable o inocente, libertad o encarcelación) depende arbitrariamente de la solvencia económica del acusado.
No obstante estos problemas, la asistencia jurídica y legal para los acusados en el campo penal a menudo resulta ignorada en las iniciativas en pro de la justicia apoyadas por contribuciones de donantes. Los legisladores y los encargados de la política nacional, preocupados por otros aspectos de la reforma de la justicia penal, frecuentemente olvidan otorgar un reconocimiento comparable a la urgencia y complejidad que representa el asegurarse de lograr que los acusados cuenten con una adecuada defensa profesional. El resultado de ello es que la política gubernamental en esta área termina siendo ad hoc o muy mal planeada.
El objetivo de la Iniciativa en pro de la Justicia es ampliar el apoyo gubernamental a la asistencia jurídica y legal en los terrenos económico y político, promover el desarrollo de modelos confiables para asegurar que se cuente con un representación profesional competente y mejorar la calidad de los defensores de oficio y de los servicios prestados por sus asistentes.
Los objetivos principales de la Iniciativa en pro de la Justicia en materia de establecer un acceso igualitario a la justicia son:
- Ampliar el apoyo gubernamental a la asistencia jurídica y legal en los terrenos económico y político en los casos de delitos penales;
- Apoyar el desarrollo de modelos confiables que aseguren que siempre se contará con servicios de asesoramiento profesional eficaces;
- Mejorar la calidad de los servicios prestados a los acusados indigentes; y
- En ciertas circunstancias, promover el desarrollo de servicios de idóneos y peritos en derecho, así como de otros mecanismos auxiliares, para ampliar el acceso del público a soluciones jurídicas justas.
En aras de estas metas, la Iniciativa en pro de la Justicia realizará una serie de actividades entre las que se destacan las siguientes:
- Ofrecer modelos comparativos de asistencia jurídica y legal a los gobiernos interesados en reformar la defensa que los estados ofrecen a los delincuentes indigentes;
- Asistir a las organizaciones nacionales que defienden los derechos humanos en el desarrollo y la puesta en marcha de campañas que fomenten el apoyo de la opinión pública y de los gobiernos al mejoramiento de la defensa de los acusados como componente clave de un sistema judicial justo;
- Dar respaldo al desarrollo de oficinas modelo de asistencia legal y defensoría de oficio, en cooperación con los gobiernos;
- Apoyar las investigaciones que documenten las violaciones del debido proceso derivadas de la provisión de una inadecuada asistencia jurídica y legal, y evaluar los costos comparativos de modelos alternativos;
- Asistir en la capacitación de abogados defensores en lo penal mediante talleres, seminarios y becas para abogados jóvenes dedicados a esta especialización;
- Dar apoyo a los juicios entablados contra la inadecuación de la asistencia jurídica y legal que ponga en peligro derechos humanos fundamentales;
- Dar impulso al establecimiento de más servicios informales de peritos e idóneos en lugares donde se carece de un acceso básico mínimo a la justicia y a las infraestructuras vinculadas;
- Fomentar una tradición y una cultura de servicio pro bono dentro del ámbito de la abogacía.