Grupos de la sociedad civil demandan al Gobierno Mexicano por mal manejo de pandemia COVID-19 en las prisiones
NUEVA YORK— Un juzgado del Distrito de Morelos el 11 de noviembre de 2020 admitió una nueva demanda contra el Gobernador del estado de Morelos, el Secretario de Salud de Morelos y otras autoridades gubernamentales por no haber implementado las medidas necesarias para manejar y prevenir adecuadamente la propagación de la COVID-19 en el sistema carcelario estatal. La demanda fue presentada por la organización de la sociedad civil mexicana Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Centro Prodh), que se asoció con Open Society Justice Iniciative para desarrollar conjuntamente los argumentos jurídicos.
La demanda se enfoca en la ausencia de directrices y políticas de COVID-19 sobre liberación de presos y alternativas a la detención; acceso a atención médica; medidas preventivas; medidas de distanciamiento físico; investigaciones sobre muertes bajo custodia; y la gestión de cuerpos en casos de muertes sospechosas o confirmadas por COVID-19. Centro Prodh y Justice Initiative argumentan que, al no desarrollar y promulgar políticas en estas áreas, los gobiernos federal y estatal están violando normas internacionales y nacionales con respecto a sus obligaciones para con los individuos encarcelados durante la pandemia de COVID-19.
"Los gobiernos no solo tienen un imperativo moral de detener la propagación de la COVID-19 en los centros de detención, sino también un imperativo legal," dijo Ina Zoon, Directora Ejecutiva de Políticas de Justice Initiative. "México se ve particularmente afectado por el virus, y el gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para prevenir la transmisión en la población carcelaria, algo que también ayudará a aliviar la propagación del virus entre la población en general."
Frente a la situación agravada de la COVID-19 en las prisiones, que ha sido ampliamente documentada, el gobierno del Estado de Morelos no ha implementado acciones efectivas para hacer frente a la situación, entre ellas, liberar a personas detenidas mediante el uso de los diferentes mecanismos que provee la legislación aplicable en materia de ejecución penal, especialmente personas que se encuentran en los grupos de riesgo ante la COVID-19," agregó Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh. “Esto sigue poniendo en riesgo de muerte a quienes podrían tener complicaciones derivadas de la COVID-19.”
Las prisiones de México son un epicentro potencial para la propagación de la COVID-19, ya que se han notificado más de 1.5 mil casos de COVID-19 en el sistema penitenciario. Cerca de 200 mil personas están actualmente encarceladas en México, y el hacinamiento ha alcanzado niveles tan críticos que, en algunas prisiones, los reclusos no tienen otra opción que dormir por turnos.