El poder judicial podría ayudar a acabar con el uso de la tortura en México. Entonces ¿por qué no lo hace?

Existe una regla muy sencilla en el derecho internacional de los derechos humanos: cualquier evidencia obtenida mediante tortura no puede ser usada en un juicio. Sin embargo, la implementación de esta regla de exclusión de evidencia no es tan simple.

Con la secrecía que normalmente acompaña a la tortura y su impunidad generalizada, las cortes alrededor del mundo luchan por identificar cuándo efectivamente ha existido un acto de tortura, fracasando usualmente en reaccionar apropiadamente. Esto es cierto en el caso de México, donde (como lo señaló el Relator Especial sobre Tortura de Naciones Unidas Juan Méndez) la tortura es generalizada y usada tanto para castigar como para investigar crímenes.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de México emitió jurisprudencia relacionada con la exclusión de pruebas obtenidas a través de tortura y cómo debe procederse en esos casos. Sin embargo, queda pendiente la pregunta de si los jueces cumplirán con dichas decisiones.

De acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de  abril de 2014, en aquellos casos en que el acusado alegue que sufrió tortura el juez debe iniciar dos investigaciones independientes. La falta de investigación de estas alegaciones constituye, de acuerdo con la Suprema Corte, una violación al debido proceso.

Esta decisión se dio en el caso de una mujer sentenciada a 25 años de prisión por el homicidio de su esposo. Aún cuando la mujer no ratificó su confesión inicial y alegó que la misma fue obtenida mediante tortura, el juez de primera instancia no inició investigación alguna e insistió en que el peritaje médico inicial no describía ninguna evidencia de tortura. Así concluyó que las alegaciones de tortura eran falsas.

La Suprema Corte de Justicia de México revocó esta decisión y estableció lo siguiente:

·         Las investigaciones deben ser ordenadas por el juez ex officio y deben iniciarse por el ministerio público inmediatamente después de las alegaciones.

·         Las investigaciones deben ser imparciales, independientes y exhaustivas con el propósito de determinar la naturaleza y origen de las heridas e identificando y sancionando a los responsables.

·         Las investigaciones deben garantizar la obtención y resguardo de la evidencia.

·         El Estado debe garantizar la independencia del personal médico que participe en la investigación.

·         La carga inicial de la prueba del quejoso debe ser mínima para que sus alegaciones sean creíbles y debe revertirse dicha carga al estado una vez alegada la tortura.

·         Los jueces deberán realizar las investigaciones necesarias para determinar la credibilidad de las alegaciones.

En una decisión posterior, de abril de 2015, la Suprema Corte fue más allá estableciendo que la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura le son aplicables no solamente al acusado sino también a cualquiera otra parte en el juicio. Asimismo, esta decisión especifica que las investigaciones deben realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Estambúl [PDF], un conjunto de reglas para documentar tortura.

Sin embargo, a pesar de las garantías legales establecidas por las decisiones de la Suprema Corte, el cumplimiento cotidiano en México resulta confuso, por decir lo menos. Con el objetivo de investigar el uso o falta de uso de la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura, se realizaron diversas solicitudes de información al Gobierno Mexicano federal y a los gobiernos locales de Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Querétaro y Nuevo León preguntando por el número de casos en que alegaciones de evidencia obtenida mediante tortura fueron excluidas y el número de investigaciones iniciadas por dichas alegaciones.

Únicamente Coahuila y Guerrero contaban con esa información; el resto de los gobiernos no respondió las solicitudes o no contaba con esa información. En Coahuila, aún cuando entre 2000 y 2013 los jueces habían requerido un total de 18 investigaciones por alegaciones de tortura, únicamente una investigación había sido iniciada y no resultó en consignación. De igual manera, Guerrero reportó una solicitud de un juez por alegaciones de evidencia extraída mediante tortura entre 2000 y 2013, una investigación iniciada y ninguna consignación.

México se encuentra actualmente en el proceso de implementar un nuevo código de procedimientos penales que prevé la exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura. Como lo muestran las decisiones de la Suprema Corte en materia de exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura y las herramientas que brinda este nuevo código, el poder judicial puede jugar un papel esencial en la prevención de la tortura. Sin embargo la pregunta es: lo hará?

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