El Procurador General de México debe poner fin al secreto respecto a las investigaciones de las masacres de San Fernando

Hace cuatro años, en el mes de agosto de 2010, funcionarios públicos mexicanos encontraron los cuerpos de 72 migrantes en la región de San Fernando, Tamaulipas. Dichos migrantes fueron presuntamente secuestrados y posteriormente asesinados por miembros de carteles al realizar en un autobús su ruta hacia el norte. Pocos meses después, en abril de 2011, las autoridades hallaron aproximadamente 200 cuerpos más en fosas comunes de la misma región. Al día de hoy, las autoridades no han sido capaces de esclarecer la verdad sobre los acontecimientos de San Fernando. Este fracaso resulta emblemático y evidencia el modelo Mexicano del mal manejo de las investigaciones criminales, la secrecía de la información y la negativa gubernamental de reconocer  la ocurrencia de crímenes graves en México. 

Sin embargo, existe la posibilidad de dar un giro a este modelo y sentar un cambio. El 20 de agosto de 2014, la comisión encargada del monitoreo del acceso a la información en México (el Instituto Federal de Acceso a la Información—IFAI) ordenó al procurador federal revelar información relacionada con  la complicidad del estado en conexión con el asesinato de los migrantes. A través de la resolución del IFAI se ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) la entrega de la información relativa a la detención de 16 miembros de la policía municipal en conexión con las masacres ocurridas en 2011, antes del 24 de septiembre del presente año.

De acuerdo con los archivos desclasificados en los Estados Unidos, obtenidos por la organización no-gubernamental “Archivo de Seguridad Nacional” a través de solicitudes de información con base en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act—FOIA), la organización criminal denominada los Zetas se encontraba operando impunemente en la región “frente a la aquiescencia de fuerzas locales de seguridad.” Los archivos desclasificados también revelan que los funcionarios mexicanos buscaban minimizar la responsabilidad del estado por las masacres en la región, distanciando los cuerpos de las víctimas “para que la cifra total sea menos obvia y, así, menos alarmante.”

Inicialmente la Procuraduría se negó a entregar la información solicitada invocando la causal de reserva referida a la secrecía de las averiguaciones previas, reservando la información por 12 años. El IFAI revocó la decisión y ordenó a la PGR la entrega de una versión pública de los documentos (la Ley de Transparencia en México prohíbe al estado reservar información relativa a violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad). 

La importancia de esta decisión trasciende las fronteras de México. Las cortes de derechos humanos, tanto Interamericana como Europea han reconocido reiteradamente el derecho de las víctimas y de la sociedad a  conocer la verdad sobre violaciones graves de derechos humanos. Adicionalmente existen, por lo menos cinco países más en América Latina—Brasil, Colombia, Perú, y Uruguay—cuyos ordenamientos prohíben la reserva de información relacionada con violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Finalmente, la Organización de los Estados de las Américas en su aprobación de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, afirmó que las excepciones a la libertad de acceso a la información “no deberían aplicar en casos de graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.”

La resolución del IFAI se da en un contexto de importantes reformas en materia de acceso a la información aprobadas en México este año. Como resultado de estas reformas  el IFAI cuenta con siete nuevos comisionados. La resolución de este nuevo IFAI representa el primer reconocimiento  de que los actos de violencia que sufren los migrantes en México durante sus viajes hacia el norte constituyen violaciones graves de derechos humanos. En esta resolución, los comisionados también han declarado por primera vez que el IFAI es autoridad competente para determinar si una solicitud de información se refiere a casos de  violaciones graves de derechos humanos, incluso en ausencia de una determinación judicial. Ambas determinaciones son importantes pues no solamente cambian el sentido de las decisiones anteriores del IFAI, sino también sientan precedente para las autoridades judiciales en México.

En congruencia con su nuevo criterio, el IFAI decidió desistirse de su contestación adhesiva (a la de la PGR) en decisiones que fueron impugnadas por dos organizaciones no gubernamentales—Articulo 19 y la Fundación para la Justicia (FJEDD) respecto a casos de matanzas de migrantes incluidas las de San Fernando en 2010 y 2011. En decisiones previas el IFAI había confirmado reservas de información realizadas por la Procuraduría, argumentando que no contaba “con las facultades, la aptitud, la pericia, el conocimiento o el personal para investigar y calificar la existencia de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad” respecto a los casos de las masacres de San Fernando.

Hasta el momento, los jueces en dichos casos han emitido resoluciones en contra de las decisiones del IFAI en las que confirmaba la secrecía de la información, favoreciendo la apertura de la información. Sin embargo, actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de ambas decisiones en su última etapa procesal y debe pronunciarse en un lapso breve. Ahora, únicamente la Procuraduría—sin apoyo de la comisión de información—defenderá la secrecía de dichos casos.

Al mismo tiempo, familiares de las víctimas de las masacres continúan en su búsqueda de respuestas por parte del estado acerca de la verdad detrás de las matanzas. Con ellos, organizaciones de la sociedad civil—en México y en otros países—continúan defendiendo el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad.    

De acuerdo con la ley, las decisiones del IFAI a través de las cuales ordene la apertura de información gubernamental son definitivas. Sin embargo, hasta el momento, la Procuraduría no se ha pronunciado respecto a la entrega de la información ordenada en esta decisión.