Claudia Medina c. Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República
Enfrentando el patrón sistemático de tortura y violencia sexual de México
En 2006, en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” para combatir la delincuencia organizada, el gobierno mexicano otorgó a las fuerzas armadas facultades para llevar a cabo operaciones de seguridad pública. Desde ese momento, en México se han multiplicado las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas mexicanas contra personas inocentes. La todopoderosa Secretaría de la Marina (SEMAR) es particularmente notoria por lo que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, constituye una “práctica recurrente” de tortura a personas detenidas que se encuentran bajo su custodia. La SEMAR también es conocida por la total impunidad de la que goza. Informes de derechos humanos señalan que el 80 % de las mujeres detenidas por las fuerzas armadas mexicanas sufrieron violaciones sexuales. Lejos de cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos que le impone la Constitución, la Fiscalía General de la República ha contribuido a agudizar la profunda crisis de derechos humanos que asola al país y ha convalidado las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Marina.
En 2012, la SEMAR detuvo ilegalmente, torturó y violó a Claudia Medina para forzarla a confesar un delito que no cometió. La Fiscalía prácticamente convalidó las violaciones de derechos humanos perpetradas por la Marina mexicana y, posteriormente, inició una serie de investigaciones penales tendenciosas contra Medina, basadas en pruebas inventadas en su contra. Medina permaneció 23 días en prisión y se vio obligada a huir y mudarse de estado porque temía por su vida. Aunque su inocencia fue finalmente probada y a pesar de los informes médicos demostrando que Medina fue torturada y violada, y de las pruebas del empleo sistemático de la tortura por parte de la Marina para obtener confesiones, la Fiscalía ignoró la denuncia de Medina y no llevó a cabo una investigación pronta y eficaz. Después de cuatro años esperando sin respuesta, el Centro Prodh—la ONG mexicana que defendió a Claudia en el proceso penal—y el Open Society Justice Initiative, presentaron sendas reclamaciones administrativas contra la Armada y la Fiscalía solicitando una reparación integral.
El caso de Medina es un ejemplo ilustrativo del patrón sistemático de tortura y violencia sexual contra las mujeres cometido por las fuerzas armadas en México con la anuencia de la Fiscalía. Esta es la primera vez que, en México, se utiliza la responsabilidad patrimonial del Estado como remedio para obtener reparaciones en casos de tortura. Su objetivo es brindar a las víctimas algún sentido de justicia y, al mismo tiempo, asegurar que se adopten garantías de no repetición orientadas hacia cambios estructurales, a fin de asegurar que, en la práctica, las salvaguardas legales fundamentales estén garantizadas para todas las personas detenidas bajo custodia del Estado. Al mismo tiempo, al utilizar este recurso jurídico para obtener reparaciones contra las instituciones mexicanas y los organismos del Estado responsables de graves violaciones de derechos humanos, se advierte al Estado sobre las fallas del sistema, y se ponen en conocimiento del público las irregularidades cometidas. Asimismo, la carga financiera que implica opera como factor de disuasión para que el Estado evite cometer nuevas violaciones. La solución del caso de Medina podría allanar el camino para futuras reclamaciones.
Los Hechos
El 7 de agosto de 2012, miembros del personal de la Marina mexicana cubiertos con pasamontañas se llevaron por la fuerza a Medina y a su esposo de su vivienda en Veracruz, México, en medio de la noche y sin razón legítima alguna. Durante 36 horas, y de manera encubierta, personal de la Armada mantuvo incomunicada a Medina en una de sus bases, e intentó, en reiteradas repetidas ocasiones, obligarla a confesar mediante intimidación, tortura y violencia sexual. Agentes de la Marina le aplicaron repetidamente descargas eléctricas y la estrangularon, la asfixiaron, la golpearon con violencia, la violaron y la amenazaron con someterla a mayores ultrajes. Medina aceptó “confesar” cuando amenazaron a sus hijos, y firmó un testimonio que nunca leyó. Los miembros de la Marina no le informaron los motivos de su detención y tampoco registraron el hecho.
Casi dos días después del inicio de este calvario, y después de haber amenazado a Medina para que no revelara el trato que había sufrido, miembros de la Marina la llevaron a la Fiscalía, donde la hicieron desfilar ante los medios, junto a otras personas, como supuesto miembro del cartel de drogas “Jalisco Nueva Generación”.
Sin dormir, golpeada y sin asistencia médica ni jurídica, la Fiscalía obligó a Medina a permanecer de pie durante varias horas antes de tomarle declaración. El fiscal la insultó, le negó el derecho a hacer una llamada telefónica y a recibir asistencia jurídica adecuada y eficaz, y no permitió que Medina leyera su declaración antes de obligarle a firmarla. El fiscal permitió que un miembro de la Marina estuviera presente durante la totalidad de su declaración, y no intervino para detener las continuas amenazas que el marino profirió contra ella.
Inmediatamente después de su liberación, y sin ninguna prueba, la Fiscalía sometió a Medina a sucesivas investigaciones penales infundadas y dictó varias órdenes de detención en su contra, a raíz de lo cual se vio obligada a abandonar el estado de donde es oriunda, Veracruz. No fue hasta 2015 cuando un tribunal resolvió que todos los cargos contra Medina eran infundados, y que había sido detenida de manera ilícita, torturada y violada sexualmente por miembros de la Marina mexicana. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha presentado cargos contra persona alguna por las violaciones de derechos humanos sufridos por Medina. Ella continúa en situación de desplazamiento forzado.
En 2016, el Centro Prodh y el Open Society Justice Initiative presentaron, en representación de Medina, dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por reparaciones contra la Fiscalía y la Marina de México amparándose en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Este remedio legal faculta a solicitar una reparación a quienes sufren, de manera ilegítima, un daño o una violación de sus derechos debido a actividades administrativas irregulares del Estado.
Participación del Open Society Justice Initiative
El Open Society Justice Initiative litiga de manera conjunta con Centro Prodh los procedimientos judiciales contra la Fiscalía y la Marina mexicana.
Los Argumentos
El trato al cual fue sometida Medina violó una serie de derechos humanos protegidos, entre otras normas, por la Constitución mexicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de la ONU contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Esta normativa nacional e internacional integra el contenido y el alcance de las “actividades administrativas irregulares”, establecidas por la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado como un rango de actividades respecto de las cuales se pueden reclamar indemnizaciones y otros tipos de reparaciones.
La Marina de México detuvo a Medina de manera ilegal y arbitraria. Medina fue, además, mantenida incomunicada en un lugar de detención secreto y sin supervisión, y no se le ofreció acceso inmediato y confidencial a un representante legal.
La Marina de México torturó a Medina. El trato violento que Medina sufrió durante su detención fue agravado debido a que la Marina no le brindó tratamiento médico inmediatamente después de ocurridos los actos ilícitos.
La Fiscalía violó los derechos de Medina al debido proceso y un juicio justo. La Fiscalía presentó a Medina ante los medios como culpable, violando su derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Asimismo, la Fiscalía le denegó el derecho a recibir asistencia médica y jurídica adecuada, y a hacer una llamada telefónica, y permitió que Medina fuera intimidada al dejar que un miembro de la Marina mexicana la amenazara mientras ella prestaba declaración.
La Fiscalía no garantizó a Medina el derecho de obtener un recurso efectivo y acceso a la justicia. Pese a los informes médicos presentados por Medina a las autoridades pertinentes, en los cuales constaban las torturas a las que fue sometida, la Fiscalía no impulsó una investigación pronta y eficaz de los hechos y, por tanto, dio el visto bueno y legitimó las violaciones previas perpetradas por la Armada de México.
In Procedings v. Mexican Navy: The Superior Chamber of the Federal Tribunal found that Claudia Medina was victim of serious human rights violations, including cruel, inhuman and degrading treatment and sexual violence. The judgment ordered the Navy to provide Medina with comprehensive reparations, including compensation, rehabilitation, satisfaction, and guarantees of non-repetition.
The decision concluded that the Navy’s actions stem from historical, social, and cultural differences between men and women that are based on violence, subordination, and discrimination and found that the violation of Medina´s right to access to justice amounts to continued institutional violence.
The decision confirms that victims have the right to reparations independently of the result of criminal investigations, and clearly establishes that victims can trigger multiple reparations procedures to seek redress.
On 17 October, 2023, in response to the Navy's constitutional challenge against the decision, the Federal Tribunal confirmed the merits of the case and, in addition to the reparations already granted, ordered the Navy to issue a public apology to Medina.
Proceedings against the Mexican Navy: The Collegiate Circuit Tribunal granted amparo protection to Medina and found that her right to access to justice was breached due to the lack of a decision on the merits, particularly from a gender perspective. It set aside the 8 of December 2021 judgment and instructed the Federal Court to issue a new decision on the merits from a gender perspective.
Proceedings against the prosecutor's office: The Federal Administrative Tribunal allows the lawsuit to proceed.
Proceedings against the Mexican Navy: The Collegiate Circuit Tribunal (Tribunal Colegiado de Circuito ) allows the amparo to proceed.
Proceedings against the prosecutor's office: A lawsuit is filed against the March 2022 decision of the prosecutor’s office to dismiss the claim. The lawsuit adds the lack of an effective investigation to the large number of violations committed by the prosecutor’s office, includes international standards on prosecutorial accountability applicable to prosecutors regardless of the legal system they operate in, and requests a decision on the merits.
Proceedings against the Mexican Navy: A request is submitted for the protection of constitutional rights (amparo) against the Federal Administrative Court's decision.
Proceedings against the prosecutor's office: The prosecutor’s office dismisses the claim without addressing most of the serious violations directly committed by the office. Regarding the rest, the prosecutor’s office argues that the acts that constitute the basis of Medina's claim are either not attributable to it or cannot constitute the basis for a financial liability claim.
Proceedings against the Mexican Navy: The Federal Administrative Tribunal dismisses proceedings without deciding on the merits, under the mistaken understanding that there was no administrative decision to challenge because the proceedings were still in the evidence phase and, therefore, the “administrative silence” (the elapse of statutory time without a government answer) did not operate.
Proceedings against the prosecutor's office: The Supreme Court dismisses the amparo against the July 5, 2021, judgment.
Proceedings against the prosecutor's office: A request for the protection of constitutional rights (amparo) is filed before the Supreme Court against the July 5, 2021, decision.
Proceedings against the prosecutor's office: The Federal Administrative Tribunal, implementing Collegiate Circuit Tribunal’s judgement, declares the Prosecutor’s February 26, 2019, decision void and instructs it to issue new decision on the merits.
Proceedings against the Mexican Navy: A request is submitted for the tribunal to issue a decision given the delay in proceedings.
Proceedings against the prosecutor's office: On July 5, a Collegiate Circuit Tribunal’s three-judge panel grants the request for the protection of constitutional rights (amparo) against the January 7, 2020, ruling and sends the case back to the lower court, the Federal Administrative Tribunal, to issue a decision. It reiterates that Medina's action is not barred by the statute of limitations and that the prosecutor’s office must adjudicate on the merits.
Proceedings against the prosecutor's office: A Collegiate Circuit Tribunal (Tribunal Colegiado de Circuito) allows the amparo to proceed.
Presentación de solicitud para la protección de derechos constitucionales (amparo) contra la sentencia dictada el 7 de enero. El amparo sostuvo que dicha decisión omitió examinar las graves violaciones de derechos humanos cometidas de manera directa por el fiscal. Pese a otorgar pleno valor probatorio a las pruebas médicas presentadas por Medina, la sentencia o bien omitió de plano referencia alguna a las distintas—y bien documentadas—violaciones que la fiscalía cometió directamente contra Medina, o notablemente omitió abordarlas de forma correcta.
Proceso contra la Fiscalía: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa desestimó la demanda de Medina. Tras admitir la existencia de pruebas de los daños causados a Medina y asumir que la Fiscalía podría haber actuado de manera improcedente, la sentencia argumenta que la Marina, y no la Fiscalía, debería ser responsable de brindar reparaciones en este caso.
Proceso contra la Marina de México: La Marina respondió a la reclamación por reparaciones negando cualquier responsabilidad.
Proceso contra la Fiscalía: La Fiscalía presentó un escrito negando toda responsabilidad.
Proceso contra la Marina de México: Tras varias apelaciones y amparos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió formalmente la demanda de negativa ficta, y elevó el caso a la sala superior debido a su importancia y trascendencia.
Proceso contra la Fiscalía: Solicitud contra la desestimación por la Fiscalía se presentó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Proceedings against the prosecutor's office: The prosecutor’s office dismisses the claim and denies reparations arguing that action is barred by the statute of limitations and attributing responsibility for the violations and any wrongful prosecution to the navy and judiciary.
Proceso contra la Fiscalía: La Fiscalía comunicó la reanudación de las actuaciones.
Proceso contra la Fiscalía: Tras varias apelaciones, el Tribunal Colegiado de Circuito otorgó amparo y dio instrucciones a la Fiscalía para que continuara las actuaciones administrativas.
Proceedings against the prosecutor's office: After several appeals, the Collegiate Circuit Tribunal (Tribunal Colegiado de Circuito) grants the amparo, declares the victims’ rights to reparations independently of the existence of criminal proceedings, and instructs the Prosecutor’s Office to continue the administrative proceedings.
Proceso contra la Marina de México: Solicitud contra la falta de respuesta de la Marina a la reclamación de reparaciones (negativa ficta) presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Proceso contra la Fiscalía: Presentación ante el Sistema de Justicia Federal de un amparo contra la suspensión de las actuaciones.
Proceso contra la Fiscalía: La Fiscalía suspendió los procedimientos administrativos debido a la existencia de la investigación penal abierta contra personal de la Marina.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite una recomendación señalando la magnitud de las violaciones de derechos humanos sufridas por Medina a manos de la Marina mexicana.
Proceso contra la Fiscalía: Se presentó ante la Fiscalía reclamación de indemnización y otras reparaciones.
Proceso contra la Armada de México: Se presenta reclamación de indemnización y otras reparaciones ante la Marina de México.
Un tribunal de apelaciones determinó que la Marina de México detuvo ilegalmente, torturó y violó a Medina. La sentencia establece, de manera concluyente, que no existen pruebas de los delitos por los cuales Medina fue acusada, y que el informe de la Marina en este sentido no es veraz.
Un tribunal de distrito anula la única orden de detención que se encontraba vigente contra Medina, y la declara inconstitucional.
La Fiscalía dictó varias órdenes de detención contra Medina en relación con múltiples cargos.
La Fiscalía acusó a Medina de varios delitos, incluido el de delincuencia organizada.
Treinta y seis horas después de llevársela por la fuerza, la Marina trasladó a Medina a la Fiscalía (entonces Procuraduría General de la República), donde la hicieron desfilar ante los medios como miembro del cartel “Jalisco Nueva Generación”. Prestó declaración ante el fiscal bajo coerción en presencia de personal de la Marina.
La Marina de México detuvo ilegalmente a Medina y la llevó desde su hogar hasta una base aérea de la Marina donde personal de la Marina la mantuvo incomunicada, la torturó y abusó sexualmente de ella para que confesara un delito que no cometió.
