Atrocidades en México Exígen una Respuesta Extraordinaria

NUEVA YORK—Un nuevo informe de Open Society Justice Initiative y cinco de sus asociados demuestra que existen “fundamentos razonables” para considerar que tanto las fuerzas gubernamentales de México, como el cártel del narcotráfico de los Zetas han cometido, a lo largo de la última década, crímenes de lesa humanidad contra la población civil.

El informe Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, también acusa a los distintos gobiernos de ser prácticamente incapaces de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, como resultado de la obstrucción política primordialmente. Exhorta a México a crear un organismo de investigación internacional, basado en México, con el poder para investigar los crímenes atroces y la corrupción.

James A. Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, afirmó: “El gobierno mexicano ha demostrado, ante la comunidad internacional, liderazgo en materia de derechos humanos durante muchos años. Ahora es el momento de exhibir la misma postura a nivel nacional y enfrentar la crisis de confianza en el sistema judicial que rige en el país, al investigar y procesar los crímenes atroces que se han cometido en México. Al identificar los principales obstáculos que enfrenta el sistema de justicia penal eficaz en México, este informe pretende ayudar al Estado Mexicano y a sus ciudadanos a superar estas circunstancias”.

Atrocidades innegables incluye más de tres años de estudio por parte de Open Society Justice Initiative y de cinco organizaciones mexicanas independientes de derechos humanos: La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).

En análisis de este informe se basa en los estándares jurídicos establecidos en el Estatuto de Roma, a través del cual se estableció la Corte Penal Internacional y que México ratificó en 2005. El Estatuto de Roma y las subsecuentes disposiciones judiciales definen los patrones de asesinato, desapariciones forzadas y tortura como crímenes de lesa humanidad cuando estos son cometidos para promover una política de Estado u organizacional, en un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil.

El informe reconoce que el gobierno federal de México ha perseguido un objetivo legítimo: reprimir a la delincuencia organizada. Sin embargo, lo ha hecho a través de una política que desplegó elementos del Ejército y de la Policía Federal autorizados para utilizar de forma aplastante una fuerza extrajudicial e indiscriminada contra población civil, presuntamente vinculadas con los cárteles criminales, sin un adecuado marco regulatorio respecto al uso de la fuerza y prácticamente sin ninguna rendición de cuentas con respecto a los abusos ocurridos como resultado. Las miles de muertes, desapariciones e incidentes de tortura perpetrados por las fuerzas del gobierno satisfacen el criterio legal del término “generalizado” y la magnitud, los patrones y la intensidad de los crímenes sugieren contundentemente que han sido también “sistemáticos”. El informe también argumenta que los crímenes cometidos por el cártel de los Zetas son igualmente generalizados y sistemáticos. Los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a la amnistía o a restricciones estatutarias.

El informe expone la insuficiencia del sistema judicial para investigar y procesar debidamente dichos crímenes, los funcionarios federales han operado con “casi completa impunidad en el combate contra el crimen organizado, con poco o ningún éxito en los procesos relacionados con asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas o tortura”:

• A pesar de la incidencia generalizada de asesinatos, la limitada información pública disponible sugiere que solo unos cuantos elementos federales y estatales responsables de la seguridad han sido procesados y menos aún condenados por asesinato ante tribunales militares o civiles. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre 2007 y 2013, únicamente se llevaron a cabo 29 averiguaciones militares con respecto a los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, de las cuáles, ninguna resultó en condena. 
• La información del gobierno, ampliamente citada, sobre las desapariciones no es fiable, pero existen indicios de que miles de personas han desaparecido durante la última década. En ocasiones, las desapariciones forzadas perpetradas por el gobierno han sido erróneamente consignadas como “secuestros”, han habido aproximadamente 580,000 secuestros en México entre 2007 y finales de 2014. En febrero de 2015, la información del gobierno señalaba que se habían abierto únicamente 313 averiguaciones federales y realizado 13 condenas, lo que comprueba la complicidad del gobierno con respecto al crimen de desaparición forzada. A pesar de que muchos de los casos de desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas militares han sido documentados, hasta agosto de 2015, únicamente se había condenado a un solo soldado por dicho crimen.
   
• De las miles de denuncias por tortura y malos tratos recibidas entre 2007 y 2015, las cifras oficiales han expuesto solamente seis condenas por tortura en el fuero federal.

De acuerdo al derecho internacional, la obligación principal de investigar y procesar los crímenes de lesa humanidad recae en las autoridades mexicanas.

El informe destaca: “Procurar la rendición de cuentas ante la CPI es una opción que México persistentemente ha sido incapaz de satisfacer al investigar y procesar los crímenes atroces. Pero para obtener mucho mejores resultados, el gobierno mexicano debería asumir los procesos nacionales por sí mismo, independientemente de que los autores sean actores del gobierno o grupos criminales...La CPI, ubicada en La Haya, nunca podrá equiparar las ventajas de la proximidad, amplitud de investigación y el impacto duradero sobre la ejecución del estado de derecho, el cual los procesos nacionales podrían aportar.”

El informe insta al gobierno mexicano a continuar promoviendo reformas significativas, aunque lentas, al sector jurídico, además de mejorar su capacidad técnica. Y también establece que “las soluciones tecnocráticas no tendrán el impacto suficiente para afrontar los problemas que son fundamentalmente políticos.”

Las administraciones sucesivas mexicanas han negado y minimizado la magnitud de las atrocidades que acechan a México, incluso al hacer declaraciones, con frecuencia sin fundamento, de que las víctimas eran criminales, al atacar a organizaciones nacionales y organismos internacionales que advierten la crisis y al ocultar información con respecto a dichas atrocidades, por ejemplo al ser incapaces de coordinar el mapeo y exhumación de las fosas comunes y clandestinas.

Otras formas de obstrucción política incluyen el continuado fomento y aceptación de la tortura como un método de sanción extrajudicial y la forma para fabricar “pruebas” durante los procesos de investigación; al escudar al Ejército y a la Marina contra investigaciones criminales apropiadas; al impulsar el modelo de policía militarizada, el cual resulta en fuerzas policiacas mal estructuradas, incapaces de llevar a cabo averiguaciones de forma adecuada y al implementar iniciativas como la Ley General de Víctimas y la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, simplemente para dejarlas fracasar, debido a la carencia de apoyo político.

El informe concluye: “El gobierno debe actuar sin demora para reconocer la gravedad de la situación: debe tomar inmediatamente medidas extraordinarias, incluida la convocatoria para recibir ayuda internacional a fin de garantizar que se lleven a cabo averiguaciones e investigaciones independientes y genuinos”.

Con ese fin, Atrocidades innegables exhorta al Gobierno de México a tomar las siguientes medidas específicas:

1. Creación de un organismo internacional de investigación, con sede en México, investido con las facultades para:

• investigar de forma independiente los crímenes atroces y los casos de gran corrupción para someterlos a los tribunales de México;
• brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República/Fiscalía y a la policía de investigación;
• desarrollar propuestas de reforma relacionadas con el sector judicial para ser consideradas por el gobierno de México, el Congreso y el público;
• producir informes públicos sobre la reforma del sector judicial del estado y el estado de derecho en México, así como el progreso sobre la justicia penal relacionada con desapariciones, tortura y homicidios.

2. Creación urgente de equipos integrados para investigar desapariciones: El gobierno debe crear unidades integradas dentro de la oficina del subfiscal de derechos humanos para buscar a las personas desaparecidas y preparar los cargos penales contra los autores. Las unidades deben incluir fiscales, investigadores policiales y trabajadores sociales, y deben tener primacía en todas las investigaciones que abran. Las unidades deben operar bajo el escrutinio de un consejo de supervisión conformado por el fiscal general, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un delegado del Congreso y representantes de la sociedad civil, incluidos los grupos de víctimas.

3. Creación de servicios forenses y de protección a testigos autónomos: El Congreso de México debe aprobar leyes que establezcan un instituto forense nacional independiente del Ministerio Público y la Oficina del Fiscal General, en sustitución de los organismos forenses en el fuero federal y estatal. El instituto debe tener una orden judicial para realizar exámenes forenses independientes para los fiscales y los abogados defensores. El Congreso también debe aprobar leyes que hagan que el Centro de Protección de Testigos sea independiente de la Procuraduría General y de la Policía Federal, con una supervisión judicial fuerte, incluidas las decisiones de otorgar y poner fin a las medidas de protección.

4. Retirar al ejército de las operaciones de seguridad pública y aprobar una legislación que regule el uso de la fuerza: El presidente debe anunciar un plan para retirar al ejército de las operaciones de seguridad pública, en consonancia con las reformas a la policía que apuntan a fortalecer la vigilancia ciudadana y las capacidades de la policía de investigación.