Grupos de lucha por el derecho a la vivienda hacen un llamado a los gobiernos para que adopten una legislación integral destinada a garantizar la vivienda durante la pandemia de la COVID-19

NUEVA YORK — Hoy, Open Society Justice Initiative y Open Society Initiative for Europe se unieron al grupo de lucha por el derecho a la vivienda The Shift y a una coalición de organizaciones de derechos humanos para publicar el modelo legislativo integral de emergencia, con la finalidad de proteger el derecho a la vivienda durante la pandemia de la COVID-19 y la crisis económica derivada. Los grupos piden a los gobiernos de todo el mundo que utilicen las disposiciones legales básicas señaladas en el modelo legislativo para desarrollar leyes nacionales con el fin de garantizar el acceso de todas las personas a la vivienda, exigiendo acciones inmediatas mientras el virus sigue propagándose, el clima se vuelve más frío en muchas partes del mundo, y la moratoria de desalojos relacionados con la COVID-19 está expirando en muchos países.

“Las medidas adoptadas por los Estados para garantizar el acceso a la vivienda durante la pandemia de la COVID-19 no han sido homogéneas. Estas medidas a menudo protegen a algunos grupos, pero excluyen a otros, y son obligatorias por ley en algunos casos, pero dependen de acuerdos voluntarios en otros”, explicó Marguerite Angelari, oficial jurídica superior de Open Society Justice Initiative. “Por eso, los gobiernos deben adoptar un enfoque legislativo integral para proteger el derecho a la vivienda hasta que la crisis económica y de salud pública causada por la COVID-19 haya terminado”.

Las dificultades económicas causadas por la pandemia de la COVID-19 han afectado negativamente en materia de vivienda a millones de personas en todo el mundo, acelerando la situación de estar sin hogar, los desalojos y la pérdida de hogares propios. Incluso antes de la pandemia, aproximadamente 1,8 mil millones de personas en todo el mundo vivían sin hogar y en lo que las organizaciones internacionales describían como condiciones de vivienda “extremadamente inadecuadas”. La vivienda adecuada es un factor clave que afecta la probabilidad de que una persona se vea gravemente afectada por la COVID-19, incluida su capacidad para mantener el distanciamiento social y acceder a agua potable y saneamiento.

El Dr. Padraic Kenna, profesor de derecho y director del Centro de Leyes, Derechos y Políticas de Vivienda en la Universidad Nacional de Irlanda, Galway, argumentó lo siguiente: “Muchos países han implementado legislaciones para evitar desalojos y aumentos en los alquileres durante la pandemia de la COVID-19. Ahora debemos centrarnos en la protección de los derechos a la vivienda en el contexto de las consecuencias económicas de la pandemia. Nuestro modelo de legislación de vivienda de emergencia también incluye la protección de los derechos de las personas de los asentamientos informales y temporales, y de los lugares de alojamiento para inmigrantes y refugiados, para personas con discapacidades y para personas sin hogar. A menudo, estas personas son las más expuestas a contraer la COVID-19 debido a la falta de aseo y al hacinamiento”.

“La COVID-19 ha revelado la crisis de vivienda global. La proliferación de personas sin hogar, y las viviendas inadecuadas, superpobladas e inasequibles son el resultado de gobiernos que han priorizado la vivienda como medio por el cual los inversores financieros generan ganancias en lugar de tratar la vivienda como una necesidad básica y un derecho humano”, añadió Leilani Farha, directora global de The Shift, antigua relatora especial de la ONU sobre la vivienda adecuada, y becaria de Open Society Foundations 2020. “Los gobiernos deben garantizar que la legislación nacional proteja la vivienda como derecho humano de una forma coherente con sus obligaciones para con los derechos humanos internacionales”.

En simultáneo con el lanzamiento del modelo legislativo, Open Society Justice Initiative publicó un nuevo informe en el que se revisan las medidas más comunes que los Estados adoptaron para proteger el derecho de las personas a la vivienda al inicio de la pandemia de la COVID-19 entre marzo y junio de 2020.