Se solicita que Guatemala reneuve el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad
NUEVO YORK—Open Society Justice Initiative declaró que el rol de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sigue siendo imprescindible en la batalla contra el crimen organizado y la corrupción estatal. Esta declaración es parte de un informe que analiza el trabajo de la institución desde su creación en el 2007.
El informe—Una labor inacabada—concluye recomendando al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que solicite a las Naciones Unidas una extensión de dos años más para el mandato de la Comisión, debido a que el actual mandato termina en el mes de setiembre.
En el análisis se expresa: “En los últimos ocho años, la CICIG ha desempeñado una función primordial en el refuerzo de los poderes judiciales y de investigación del Estado guatemalteco, con la resolución de casos emblemáticos de corrupción y el procesamiento de poderosos delincuentes, además de brindar asistencia internacional para abordar la tan necesaria reforma del sistema judicial y de fortalecerlas—cuando no salvaguardar—instituciones estatales y el sistema democrático.”
CICIG fue creada en el 2007 como un cuerpo internacional independiente para apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional, así como a otras instituciones guatemaltecas en la investigación y el procesamiento criminal de los delitos cometidos por las redes de crimen organizado con fuertes nexos a actores políticos y del sector de seguridad. La Comisión también trabaja con otras entidades del Estado con el objetivo de desmantelar a dichos grupos.
James A. Goldston, director ejecutivo de Justice Initiative declaró:
“La cooperación del CICIG con el Estado de Guatemala ha jugado un papel central en el fortalecimiento del sistema judicial y en el desarrollo de capacidades para la investigación y enjuiciamiento de casos criminales complejos. El éxito que Guatemala ha logrado junto a la CICIG hubiera sido impensables de no haber existido ésta alianza”.
La Comisión es un esfuerzo sinigual entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas, la cual recibe apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional y está compuesta por un equipo internacional, pero opera dentro del marco de la normativa y del sistema de justicia del país. Su mandato de dos años ha sido extendido tres veces desde su creación.