La independencia judicial a juicio en Guatemala

El año pasado, el sistema de justicia de Guatemala fue elogiado alrededor del mundo por su capacidad para procesar a un ex dictador de alto perfil por las atrocidades cometidas en contra de su propia población.  El General retirado Efraín Ríos Montt fue llevado a juicio y condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en una  dolorosa revisión pública de un período brutal del largo conflicto armado del país, durante el cual decenas de miles de personas fueron asesinadas o “desaparecidas”.

Qué diferencia hace un año.

El veredicto sobre Ríos Montt fue seguido por una veloz y severa reacción.

Tan solo días después del veredicto, en un fallo dividido y controversial, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia y dejó el juicio por genocidio en un estado de incertidumbre que continúa hasta hoy.  Las víctimas han apelado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose a la intervención de la Corte para anular el veredicto como arbitraria y en violación de sus derechos.  En Guatemala, algunas personas sospechan que una amnistía general puede ser tan probable como cualquier otra resolución a este impase.

La jueza a cargo del juicio por genocidio, Yassmin Barrios, fue aclamada internacionalmente por haber presidido este complejo caso.  Fue honrada con un galardón por Michelle Obama, quien citó sus 18 años de carrera como jueza en Guatemala habiendo presidido en algunos de los casos de más alto perfil del país, incluyendo masacres, asesinatos políticos y narcotráfico.

Pero en Guatemala su carrera está en juego. A principios de este año, el Colegio de Abogados de Guatemala sancionó a la Jueza Barrios por “ridiculizar” al abogado defensor durante el juicio. La Jueza apeló el especioso fallo –considerado como tan solo el segundo emitido por el Colegio en los últimos cinco años. Ningún tribunal quiso tomar el caso y eventualmente éste fue transferido al tribunal responsable de casos de femicidio, en donde una corte de apelaciones recientemente confirmó la sanción. La Corte de Constitucionalidad está actualmente considerando el caso.

Los fiscales independientes también han sido reprendidos. En febrero, un fallo basado en disposiciones transitorias desactualizadas de la Constitución que data ya de hace varias décadas, la Corte de Constitucionalidad ordenó la terminación prematura del período de gestión de Claudia Paz y Paz, la elogiada Fiscal General de Guatemala.  El hecho que Paz y Paz haya tenido éxito en dar vuelta a un Ministerio Público ampliamente conocido por hacerse de la vista gorda en crímenes serios no fue suficiente para protegerla de represalias y, en efecto, puede haber sido en gran parte la causa de ellas.

Guatemala se encuentra actualmente en medio del proceso de selección de la plana completa de magistrados de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, un proceso que ocurre cada cinco años.  La selección final de jueces superiores, que debía resolverse el mes pasado, ha sido abruptamente congelada tras haberse demostrado inconfundiblemente acusaciones de corrupción rampante en el proceso.  La Jueza de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar renunció y entregó una cinta de audio en la que un Diputado guatemalteco buscaba su apoyo, en un caso que implicaba a la Vicepresidenta, a cambio del apoyo del Diputado en el proceso de nominación.  La cinta filtrada expuso el torcido estado del sistema judicial en Guatemala.  La Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente todas las nominaciones judiciales y está actualmente considerando cómo se seguirá el proceso.

En medio de todas estas acciones deshonestas, una de las voces más fuertes que piden reformas ha sido la de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una institución respaldada por las Naciones Unidas que se estableció para luchar contra el crimen organizado y la corrupción en Guatemala.  La CICIG fue la institución a la que la Jueza Escobar entregó la cinta con la grabación del intercambio de favores propuesto por el Diputado. 

Desafortunadamente, su mandato concluye el próximo año, a menos que sea renovado.

Eventos recientes han mostrado que el sistema de justicia en Guatemala aún está a merced de poderosos intereses políticos y económicos.  No debe permitirse a una asociación de abogados sancionar a una jueza, con consecuencias legales para su capacidad de ejercer. La imparcialidad de los actores judiciales debe ser respetada, aún si esto significa retrasos en el nombramiento de la nueva plana de jueces.  Puesto que la CICIG es uno de los mejores monitores de malas prácticas, el Presidente Molina debería renovar su mandato para que pueda trabajar de la mano con fiscales y el Ministerio de Gobernación, más allá del próximo año.

Algunos jueces, fiscales y defensores de derechos humanos valientes han demostrado que la verdadera reforma es posible.  Cómo el país maneje estas crisis actuales determinará si en Guatemala hay lugar para un poder judicial independiente, la rendición de cuentas, y un ajuste de cuentas público con los crímenes graves.