La Justicia en Guatemala. Nuevas Luchas. Riesgos Persistentes.

Casi 20 años después de concluido el trágico conflicto armado interno en Guatemala, las víctimas de graves violaciones a derechos humanos aún esperan que sus agresores sean puestos ante la justicia. Un sistema de justicia independiente _y las responsabilidades que derivarían del mismo_  persiste incierto. A pesar de ello, las víctimas guatemaltecas, los grupos de sociedad civil, fiscales y algunos jueces valientes continúan la búsqueda de la justicia; los juicios que se encuentran abiertos y otros por venir representan una prueba importante sobre el funcionamiento del estado de derecho.

El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, publicado en 1999, señaló al sistema de justicia en Guatemala como uno de los más corruptos en la región: “los tribunales de justicia se mostraron incapaces de investigar, procesar, juzgar y sancionar siquiera a un pequeño número de los responsables de los más graves crímenes contra los derechos humanos”.

Quince años más tarde, el Sistema de justicia continúa a merced de intereses económicos y políticos. Sin embargo, a partir de algunas reformas estratégicas y de notorios esfuerzos de fiscales y jueces independientes _apoyados por grupos de sociedad civil y organizaciones de víctimas_ se ha tenido algún avance hacia la deducción de responsabilidades por graves crímenes cometidos durante el conflicto armado en el país, así también en la deducción de responsabilidades sobre hechos más recientes de abuso de poder.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, estableció que un estimado de 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante los 36 años del conflicto armado interno y que el 93 por ciento de las violaciones fueron cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Hasta hace muy poco tiempo, nadie había sido responsabilizado por estos crímenes. Las investigaciones criminales o no comenzaban nunca o se postergaban perpetuamente. Finalmente en el año 2009 se realizó el primer juicio sobre un caso de desaparición forzada. Al día de hoy ha habido solamente 17 juicios sobre crímenes internacionales, con sentencias sobre 15 de ellos; pero prácticamente todas las sentencias emitidas han sido contra soldados rangos inferiores o miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil.

La condena realizada en 2013 contra el ex dictador Efraín Ríos Montt y su director de inteligencia militar fue hecho determinante en la búsqueda por la justicia en Guatemala; envió el mensaje que los poderosos y brutales dictadores podrían ser enfrentados ante la justicia para deducir responsabilidad sobre sus crímenes. Pero entonces aconteció la anulación de la sentencia con base en aspectos meramente formalistas; la jueza presidenta del Tribunal fue reprochada sobre aspectos insubstanciales y la progresista figura de la Fiscal General en cuya administración se realizó la investigación penal fue expulsada antes de tiempo de su cargo. El caso ha permanecido adormecido desde entonces.

El enjuiciamiento frustrado de Ríos Montt puede fácilmente considerarse  un caso emblemático sobre la perpetua lucha en Guatemala para poner ante la justicia a los poderosos perpetradores. Sin embargo, la situación actual es más compleja, los esfuerzos para determinar responsabilidades persisten y la demanda por justicia se encuentra en una encrucijada crítica.

Bajo el cargo de una nueva Fiscal General, Thelma Aldana, hay casos de relevancia histórica iniciando juicio. El 1 de Octubre, se inició el juicio sobre la quema de la Embajada de España en 1980, que acabó con la vida de docenas de campesinos indígenas que protestaban en su interior. La premio Nobel de la Paz Rigoberta Mechú, cuyo padre murió durante el incendio ha estado en primera fila de la sala de audiencias. El 14 de octubre, se resolvió abrir a juicio un caso potencialmente paradigmático por esclavitud sexual de la base militar de Sepur Zarco.

Otras importantes investigaciones criminales se encuentran pendientes de juicio relacionadas con cementerios clandestinos (con alrededor de 500 cadáveres) que fueron descubiertos en una base militar que actualmente funciona como centro de entrenamiento para misiones de pacificación de Naciones Unidas. Otro caso es sobre lavado de dinero en una prisión, el cual vincula al sindicado con altos políticos. Así también, el caso de un diputado intentando influenciar decisiones de los jueces y que vincula a la vicepresidenta.

Las amenazas a la independencia judicial continúan siendo significativas. Las más evidentes se dieron en la reciente elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones que ha sido ampliamente criticada por sus ilegalidades y que concluyó con una ola de desaprobación y la renuncia al cargo por parte de una reconocida magistrada como protesta. A inicios del presente mes, la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso la toma de posesión de las magistraturas. Con el cuestionado desarrollo del proceso de elección en su totalidad, éste debería ser reiniciado con mejores garantías de imparcialidad e independencia.

Los juicios de alto nivel que se encuentran abiertos apenas están emergiendo dada la inmensidad de crímenes cometidos durante el conflicto armado interno y los abusos de poder en conjunto con la excesiva impunidad de entonces y de ahora. A pesar de todo, es significativo el cómputo de casos de crímenes horrorosos, es una pauta de que estos pueden ser castigados y en reducidos casos demuestra que los poderosos no son intrínsecamente intocables.

Tener estos casos ante el Sistema de justicia habría sido impensable una década atrás, el progreso de estos demostrará si las reformas realizadas en los últimos cinco años en Guatemala apuntan mejoras en el sistema para deducción de responsabilidades criminales o si por el contrario la impunidad continuará reinando.