Organizaciones internacionales llaman al Presidente mexicano a vetar la Ley de Seguridad Interior

NUEVA YORK—Diez grupos internacionales de derechos humanos, incluyendo Open Society Justice Initiative (Justice Initiative), hacen un llamado al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que vete una nueva Ley de Seguridad que regularizaría el papel del ejército en tareas de mantenimiento de la seguridad en el país.

La nueva legislación regulariza el papel doméstico de las fuerzas armadas, las cuales fueron desplegadas por primera vez en 2006 por el presidente Felipe Calderón en un esfuerzo por combatir a los grupos del crimen organizado. Sin embargo, no hace nada para aumentar la transparencia de las operaciones militares o la rendición de cuentas del personal militar que comete abusos, alimentando así los temores de que dejará a los mexicanos a merced de actos arbitrarios de violencia.

James A. Goldston, director ejecutivo de Justice Initiative, afirmó: “Esta nueva Ley de Seguridad propuesta le dará al ejército mexicano más responsabilidades con menos rendición de cuentas, y socava las tradiciones legales y democráticas de México. Instamos al presidente Peña Nieto a vetar este proyecto de ley que representa una grave amenaza para los ciudadanos comunes y para la democracia del país.”

Entre 2006 y 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México recibió casi 10,000 denuncias de abusos por parte del ejército, incluidas más de 2,000 durante la actual administración. Grupos de derechos humanos también han documentado numerosos casos en los que personal militar desplegado en actividades de mantenimiento del orden, fue implicado en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.

Pocas de estas quejas han sido investigadas adecuadamente.

Justice Initiative ha argumentado que la naturaleza generalizada y sistemática de la tortura, los asesinatos y las desapariciones cometidas tanto por fuerzas federales y estatales así como de la banda de narcotraficantes de los Zetas, eleva el nivel de estas atrocidades a crímenes contra la humanidad, en virtud del derecho internacional.

En un signo de su preocupación por la nueva ley propuesta, 10 organizaciones internacionales de derechos humanos anunciaron la formación de una nueva coalición, el Observatorio Internacional para México, cuyo mandato será observar y documentar la situación de los derechos humanos en el país.

Además de Open Society Justice Initiative, los miembros inaugurales del Observatorio incluyen: Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Red Alemana de Derechos Humanos en México, Grupo de Trabajo de América Latina, Peace Brigades International, Robert F. Kennedy Human Rights, Oficina de Washington para América Latina y la Organización Mundial Contra la Tortura.

El Observatorio también trabajará con las autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones legales internacionales, plantear preocupaciones y buscar el apoyo de la comunidad internacional, así como brindar apoyo a las organizaciones nacionales de la sociedad civil.

Desde que México desplegó las fuerzas armadas en el país en 2006, más de 100,000 personas murieron y más de 30,000 desaparecieron. Las tasas de homicidios cayeron en 2014 y 2015, pero han aumentado de manera constante desde entonces, con 2017 en camino de ser el año más mortífero en México en dos décadas.