Nuevos Principios para alcanzar el equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho del público a saber

La cuestión de cómo garantizar el acceso público a información gubernamental sin poner en peligro los esfuerzos legítimos para proteger a las personas contra las amenazas de la seguridad nacional es el foco de un nuevo conjunto de principios globales que se dieron a conocer hoy.

Los nuevos Principios de Tshwane en Seguridad Nacional y el Derecho a la Información son el resultado de más de dos años de consultas alrededor del mundo, facilitadas por The Open Society Justice Initiative (la Iniciativa Pro-Justicia de Sociedad Abierta) que involucró gobiernos, ex funcionarios de seguridad, grupos de la sociedad civil y académicos.

Los principios detallan sin precedente el balance entre el secreto y el derecho del público a saber, en un mundo que ha sido transformado por el esfuerzo global para combatir el terrorismo y paralelamente por el aumento de nuevas tecnologías digitales, así como el rápido crecimiento de las leyes sobre el derecho a la información.

Además de ocuparse de detallar qué información puede ser legítimamente mantenida en secreto y qué información debe revelarse, los principios esbozan las normas para el tratamiento de los denunciantes que actúan en el interés público, así como las cuestiones relacionadas con la clasificación y desclasificación de información, entre otros asuntos.

Frank La Rue, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, dio la bienvenida al lanzamiento de los Principios, diciendo:

“Los principios son una contribución importante para el desarrollo del derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad en casos de violaciones de derechos humanos, y creo que deben ser adoptados por el Consejo de Derechos Humanos. Todos los Estados deben reflejar estos Principios en sus interpretaciones de la ley de seguridad nacional.”

Los principios están basados en un estudio de la legislación internacional y nacional, estándares y  buenas prácticas, así como en los informes de los expertos. Fueron desarrollados por 22 grupos de académicos y grupos de la sociedad civil (que se enumeran más abajo), se consultó a más de 500 expertos de más de 70 países de todo el mundo, culminando con una reunión en Tshwane, Sudáfrica, de donde los principios derivan su nombre.

El proceso también involucro un trabajo muy cercano con los 4 relatores especiales para la libertad de expresión y de los medios de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Africana, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) así como también con el Relator Especial en Contraterrorismo y Derechos Humanos de la ONU.

Lord Alex Carlile, Q.C., el primer Revisor Independiente de la legislación antiterrorista en el Reino Unido (2001-11), y uno de los expertos que participan en las consultas, ha expresado:

“En mi opinión, los Principios proporcionan un modelo internacional excelente. Espero que los gobiernos de todo el mundo analicen los Principios y los adopten como un estándar que es tanto ideal como viable.”

Los Principios, incluso en forma de proyecto, ya han servido de fundamento de los argumentos de la sociedad civil para modificar algunas de las disposiciones más problemáticas de la Ley de Protección de la Información del Estado de Sudáfrica, adoptada recientemente por el parlamento sudafricano, aunque aún no ha sido firmada por el presidente.

Extractos de los Principios de Tshwane incluyen:

• La información debe mantenerse en secreto solo si su divulgación impone "un riesgo identificable y sustancial de daño significativo a un interés de seguridad nacional legítimo" (Principio 3)
• La información relativa a graves violaciónes de derechos humanos o del derecho humanitario siempre debe ser revelada (Principio 10 A)
• El público debe tener acceso a la información sobre los programas de vigilancia (Principio 10E)
• Ninguna entidad gubernamental debe estar categoricamente exenta de la obligación de divulgación (Principio 5)
• Los funcionarios públicos que exponen los abusos del gobierno y actúan en beneficio del interés público deben ser protegidos de represalias (Principio 40)

Declaraciones adicionales de apoyo

Ben Emmerson, Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista:

“Los Principios de Tshwane reflejan las mejores prácticas mundiales en la creación de salvaguardas para equilibrar la desclasificación de información de interés público y de violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos versus la necesidad de mantener la confidencialidad de la información clasificada. No tengo ninguna duda de que llegarán a ser considerados como un paso importante en la promoción de la coherencia internacional sobre estas cuestiones delicadas y difíciles.”

Catalina Botero, Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información:

“Mi oficina da la bienvenida a los Principios de Tshwane como el equilibrio adecuado para asegurar la capacidad del Estado para proteger la seguridad y la protección de las libertades individuales. No debemos perder de vista el hecho de que la seguridad, en una sociedad democrática, no es un fin en sí mismo. Su único propósito es proteger la capacidad de las instituciones para garantizar a todas las personas el libre ejercicio de sus derechos, sin discriminación. La historia ha demostrado una y otra vez que los esfuerzos para aumentar la seguridad a través de la supresión de la libertad han amenazado tanto a la libertad como a la seguridad.”

Pansy Tlakula, Relatora Especial para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información en África:

“Estos Principios encuentran el equilibrio necesario entre el derecho del público a saber y la protección de los intereses legítimos de seguridad nacional, y como tal, complementan el nuevo modelo de ley sobre acceso a la información recientemente adoptado por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Para mi país, Sudáfrica, también pueden ayudar a resolver algunos de los asuntos más espinosos planteados por la recientemente adoptada Ley de Información del Estado.”

Dunja Mijatovic la representante de la libertad de prensa de la OSCE:

No hay seguridad sin libertad de prensa y sin libertad de expresión y no hay libertad de expresión ni libertad de prensa sin seguridad. Estos dos términos se relacionan estrechamente y no luchan entre sí, como vemos en tantas partes del mundo.”

Morton Halperin, asesor especial de Open Society Foundations (las Fundaciones de Sociedad Abierta), funcionario público en el gobierno de los EE.UU. bajo las administraciones de Johnson, Nixon y Clinton:

“A medida que las sociedades se ocupan del constante conflicto entre el derecho a la información y las justificaciones de seguridad nacional, así como de la manera en que deben ser evaluados los actos de quienes revelan información clasificada, estos principios proporcionan una guía convincente, basada en la experiencia y un profundo compromiso con los valores de una sociedad abierta.”

The following groups were involved in drafting the principles:

• Africa Freedom of Information Centre, Kampala
• African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF), Cape Town
• Alianza Regional por la Libre Expresión e Información (Americas)
• Amnesty International, London
• Article 19, the Global Campaign for Free Expression, London
• Asian Forum for Human Rights and Development (Forum Asia), Bangkok
• Center for National Security Studies, Washington DC
• Central European University, Budapest
• Centre for Applied Legal Studies (CALS), Wits University, Johannesburg
• Centre for European Constitutionalization and Security (CECS), University of Copenhagen
• Centre for Human Rights, University of Pretoria
• Centre for Law and Democracy, Halifax
• Centre for Peace and Development Initiatives (CDPI), Islamabad
• Centre for Studies on Freedom of Expression and Access to Information (CELE), Palermo University School of Law, Buenos Aires
• Commonwealth Human Rights Initiative, New Delhi
• Egyptian Initiative for Personal Rights, Cairo
• Institute for Defence, Security and Peace Studies, Jakarta
• Institute for Security Studies, Pretoria
• International Commission of Jurists, Geneva
• National Security Archive, Washington DC
• Open Democracy Advice Centre, Cape Town
• Open Society Justice Initiative, New York