Principios y directrices sobre las protestas y el derecho a la información

Las protestas sociales son un catalizador para el cambio social y son clave para la participación ciudadana en una democracia pluralista. Éstas facilitan a individuos y grupos compartir sus ideas e intereses, expresar su desacuerdo y hacer reclamos a los gobiernos y otras instituciones. Sin embargo, en algunos casos, miembros de la policía u oficiales de gobierno tratan a la protesta como un inconveniente, una perturbación que debe ser controlada o una amenaza que ha de ser confrontada. La protección contra el trato arbitrario o discriminatorio en el manejo de protestas, el entrenamiento de la policía para la gestión de la protesta, y el monitoreo del uso de la fuerza durante las manifestaciones son algunos de los desafíos con los que las sociedades deben de lidiar para garantizar el derecho de reunión.

La divulgación de información sobre la gestión de la protesta beneficia a la policía, las autoridades con poder de toma de decisión, y las personas que participan y/o monitorean las protestas, y ayuda a garantizar la libertad de reunión. Los Principios y Directrices sobre las Protestas y el Derecho a la Información fueron elaborados para mejorar las políticas dirigidas a las protestas y a la seguridad de las mismas, ayudar en el monitoreo del nivel de cumplimiento con las reglas existentes, y para la creación de condiciones básicas para la rendición de cuentas. Mediante la creación de categorías de información sobre la gestión de las manifestaciones que debieran ser generadas y puestas a disposición del público, los Principios y Directrices sobre las Protestas y el Derecho a la Información fomentan un mejor diálogo entre la policía y quienes participan y organizan las protestas y protegen la libertad de reunión.

Los Principios y Directrices se basan en las normas, estándares y buenas prácticas a nivel internacional, regional y nacional. Fueron elaborados por Open Society Justice Initiative y el Committee on the Administration of Justice, en consulta con grupos de la sociedad civil, profesionales policiales y otros expertos de todo el mundo, por Relatores Especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los mismos están destinados a las fuerzas policiales, los servidores públicos, sociedad civil y quienes participan y organizan protestas.