En busca de respuestas, y liderazgo, en Guerrero

El hombre que agitaba despreocupadamente su pistola nos puso nerviosos. Que llevara una placa de la policía investigadora del delito de Guerrero y que estuviéramos parados frente la Procuraduría General de Justicia estatal no sirvió mucho para tranquilizarnos.

El pequeño equipo de investigación de Open Society Justice Initiative visitó la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, durante el verano del año pasado para averiguar por qué ha habido tan poca responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones y torturas ocurridas en Guerrero. Las estadísticas y la sociedad civil locales atribuyen la situación a fallas sistémicas generalizadas en todos los niveles del sistema de justicia penal. Sin embargo, los funcionarios del gobierno nos aseguraron que se trataba sólo de delincuentes matándose entre sí; que no se había perjudicado a inocentes. Estos funcionarios afirmaron que nadie ha sido declarado culpable  por desaparición y tortura simplemente porque éstas no son  problemas en Guerrero.

Ocho días después, en la ciudad aledaña de Iguala, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a balazos. Seis personas murieron y 43 estudiantes desaparecieron. El caso escandalizó a la sociedad mexicana y  al mundo entero, y puso en serios aprietos a los políticos.

Funcionarios y grupos de autodefensa rastrearon las colinas de Guerrero sin encontrar a los estudiantes. Lo que sí encontraron fue una fosa clandestina tras otra. Bajo un gran riesgo, los familiares de un sinnúmero de otras personas desaparecidas, motivadas por la indignación y el impulso de las familias del caso Ayotzinapa, se unieron a la búsqueda de sus seres queridos, exigieron sancionar a los responsables y también que las autoridades rindieran cuentas. A pesar de las afirmaciones poco confiables de los funcionarios federales a cargo de la investigación del caso, los 43 estudiantes desaparecidos aún no han sido encontrados.

A unos días del primer aniversario de las desapariciones de Ayotzinapa, algunos funcionarios estatales continúan negando que Guerrero está atravesando una crisis de atrocidad e injusticia. Mientras el nuevo congreso estatal y el gobernador recién electos se preparan para asumir sus cargos públicos en Guerrero, ¿podrán combatir las causas que subyacen a la impunidad en el estado?

Ahora, en conjunto con dos organizaciones civiles locales, Open Society Justice Initiative publicará el reporte “Justicia Fallida en el Estado de Guerrero”, que es parte de un proyecto más amplio sobre justicia para las atrocidades ocurridas en México. El reporte analiza la información disponible sobre la magnitud de asesinatos, desapariciones y tortura en Guerrero. También analiza las razones subyacentes a la casi total falta de sanción y rendición de cuentas por estos crímenes. Finalmente, identifica los temas más fundamentales a los que el nuevo gobierno debe dar prioridad con el fin de poner fin a la crisis.

Guerrero es uno de los estados más pobres y violentos de México. Su población ha sido víctima de crímenes atroces al menos desde la guerra sucia de México contra simpatizantes de ideologías de izquierda en los años ‘60 y ‘70. La violencia se disparó nuevamente en todo México tras el despliegue de fuerzas federales para combatir el crimen organizado en el año 2006; en Guerrero, la tasa de homicidios entre 2005 y 2015 ha sido cinco veces mayor que el promedio nacional. Han habido condenas penales para sólo 1 de cada 15 de estos homicidios. La Comisión de los Derechos Humanos del estado ha documentado 90 desapariciones forzadas y/o involuntarias, muchas de ellas perpetradas por agentes estatales, y ha recibido más de 100 denuncias de tortura. En Guerrero jamás se ha emitido una condena por estos delitos.

¿Por qué motivo la falta justicia por atrocidades en Guerrero ha sido casi absoluta? Tal como lo muestra la anécdota del policía investigador con la pistola desenfundada, la falta de profesionalismo es motivo importante de preocupación. Pero los problemas de fondo son políticos. Los gobiernos anteriores han permitido a los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito y a la policía investigadora el uso de confesiones forzadas obtenidas mediante tortura, y la tortura de sospechosos como forma de castigo extrajudicial. Esto es en sí mismo un delito pero también produce información profundamente débil y poco confiable, además de que permite que los funcionarios públicos implicados no investiguen casos de tortura en contra de ellos mismos.

Los sistemas de justicia funcionan cuando hay mecanismos de rendición de cuentas adecuados, pero en Guerrero dichos mecanismos son disfuncionales o están bajo ataque. El Ejecutivo ha interferido en el Poder Judicial, y el Congreso de Guerrero ha fracasado casi absolutamente en detener tales abusos. El Congreso permitió que el gobernador neutralizara descaradamente la Comisión de  los Derechos Humanos de Guerrero, que anteriormente era la única entidad estatal que ejercía presión para que se hiciera justicia en los casos de atrocidades. El Congreso también ha omitido corregir las claras deficiencias del marco legal, incluyendo de la ley estatal de tortura. Las organizaciones de la sociedad civil han sido quienes más han presionado para que se hagan reformas, pero en respuesta han enfrentado difamaciones, amenazas y violencia por parte de los funcionarios estatales y organizaciones criminales.

Los problemas arraigados requieren reformas profundas. El gobierno del estado debe crear una  vice fiscalía independiente para la investigación y persecución de atrocidades y abusos de derechos humanos; establecer equipos integrales y multidisciplinarios para la investigación de los cientos de desapariciones sin resolver; lanzar un programa masivo –con asistencia nacional e internacional- para localizar, exhumar e investigar fosas comunes y clandestinas; asegurar que los servicios periciales y de protección de testigos sean independientes de las autoridades políticas y de la oficina del Fiscal General del estado; modificar la ley de tortura; crear un comité de supervisión de la Comisión de los Derechos Humanos local que fue debilitada por el Ejecutivo, que deberá incluir a la sociedad civil y a miembros internacionales; y reestructurar la policía estatal con un nuevo énfasis en la investigación adecuada de delitos.

Las desapariciones de Ayotzinapa desenmascararon las horrendas realidades de atrocidad e injusticia en Guerrero. La crisis llevó al estado hasta el borde de la desestabilización. Pero también pudo haber creado una ventana de oportunidad. El gobernador electo, Héctor Astudillo, quien tomará posesión del cargo el 27 de octubre, se ha comprometido a luchar contra la impunidad y a acabar con  los abusos de poder. Para terminar con la crisis de atrocidad e injusticia de Guerrero, él y el recién electo Congreso tendrán que actuar con firmeza y rapidez.